Señaló que no se utilizan las instituciones como ocurrió en el pasado para este fin, además, refirió que el Ejecutivo no tiene injerencia en las denuncias que se presentan en contra de exfuncionarios.

Señaló que cuando se conoce la comisión de un delito, la institución correspondiente debe denunciar ante la Fiscalía General del Estado, la cual investiga y determina la judicialización del caso.

Indicó que el Ejecutivo no tiene injerencia en las denuncias que se presentan en contra de exfuncionarios, por lo que no es ético que quien violó la ley, recurra al argumento de ser perseguido.

Finalmente, Barbosa Huerta precisó que quienes sean acusados, tendrán que aclarar su situación con pruebas ante la autoridad correspondiente con el fin de comprobar su inocencia o no.