De acuerdo con datos oficiales, en los primeros ocho meses de 2025 la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 841 carpetas de investigación por conflictos laborales en la entidad, mientras que el Poder Judicial reportó más de mil quejas por despidos injustificados tan sólo en la capital.

Estos números evidencian una crisis de derechos laborales que se agrava ante la pasividad de las autoridades municipales, quienes no han fortalecido los mecanismos de vigilancia, inspección ni acompañamiento para las víctimas. 

Pese a que la capital concentra la mayoría de los casos, el gobierno local ha optado por guardar silencio, dejando en el abandono a cientos de trabajadores que enfrentan abusos y vulneraciones a sus derechos en empresas privadas, dependencias y organismos descentralizados. 

De acuerdo con la abogada Alicia Guadalupe Palacios Corte, los problemas más comunes entre los trabajadores poblanos son los despidos injustificados, la negativa de los patrones a pagar prestaciones de ley y la falta de registro en el Seguro Social.

Prácticas que se mantienen impunes ante la falta de inspecciones laborales municipales y la ausencia de una política pública que proteja realmente al empleado, lo que ha permitido que los empleadores abusivos operen sin consecuencias.

La especialista señaló que la modalidad de contratación por tiempo limitado y las reformas enn materia de jubilación han reducido drásticamente la estabilidad laboral, mientras que los procesos judiciales siguen siendo costosos y lentos. Muchos trabajadores optan por abandonar sus demandas debido a los obstáculos burocráticos y a la falta de apoyo por parte de las autoridades. 

A ello se suma que el nuevo modelo de conciliación laboral, promovido como una vía para resolver conflictos sin llegar a juicio, ha terminado favoreciendo a los empleadores. Según Palacios Corte, este método se ha convertido en una herramienta de presión para que los trabajadores acepten indemnizaciones menores a las que por ley les corresponden.

Sin embargo, el caso más alarmante es el del acoso y la violencia laboral, donde las víctimas se enfrentan a ambientes hostiles, revictimización y falta de acompañamiento institucional. Las denuncias se acumulan sin avances significativos y, en la mayoría de los casos, los responsables continúan en sus puestos.

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