Eran el núcleo de la vida social, el sitio de encuentro para “la palomilla”, un término hoy perdido en el olvido de la juventud contemporánea.
Hace una semana, la empresa multinacional FEMSA, conocida por su cadena OXXO, tomó una decisión que congeló la respiración de Nuevo Laredo: el cierre temporal de sus 191 tiendas y 7 gasolineras en la región. La razón oficial al principio parecía técnica, relacionada con la finalización de contratos para el software de gestión de ventas y pagos, que da a estas tiendas un aire de mini sucursales bancarias.
Pero la verdad se revela más sombría y perturbadora. Estas tiendas, antes símbolos de la conveniencia moderna, se convirtieron en blancos de extorsión del temido Cártel del Noreste. Los informes indican que los miembros de esta organización criminal estaban exigiendo cuotas en efectivo y en víveres. Las gasolineras deben pagar entre 4 y 6 pesos por litro de gasolina, y las estaciones de gas LP entre 8 y 25 pesos por tanque.
Digan lo que digan, esta maraña de violencia, impunidad y corrupción no sería posible sin la complicidad de funcionarios públicos y militares, que no sólo han permitido, sino que se han beneficiado directamente de los grupos delictivos.
Pero el asunto no termina ahí. Rumores anónimos en redes sociales sugieren que una ex candidata política, con conexiones en el crimen organizado, podría haber instigado este caos para presionar a las autoridades electorales. Una jugada maquiavélica que, por un momento, me recordó a lo que acontece en San Pedro Cholula, aunque afortunadamente aquí no ha habido violencia.
Una tragedia más que no pudo ser ignorada en Palacio Nacional, fue el asesinato de Julio César Almanza, líder empresarial en Tamaulipas, quien había denunciado las extorsiones contra las tiendas FEMSA. La tragedia y el horror se hicieron palpables cuando fue asesinado éste martes frente a la CANACO, mientras se encontraba en su automóvil.
Este mar de eventos ha avivado la propuesta del diputado de Morena, César Mateos Benítez, quien ha abogado por la clausura definitiva de las tiendas de conveniencia cercanas a instituciones educativas.
Su argumento es contundente: estas tiendas contravienen leyes fundamentales de educación y alimentación, amenazando la salud de la población infantil y juvenil. Destaca que el 26% de las muertes por enfermedades no transmisibles en México están asociadas al consumo de productos procesados, además de alcohol y tabaco.
La propuesta de Mateos Benítez, recibida con beneplácito por micro y pequeños empresarios, es vista como una posible respuesta a la devastación provocada por la expansión de grandes cadenas comerciales. Estas corporaciones, favorecidas por acuerdos fiscales y políticos con el PRIAN, han aplastado a los pequeños negocios, aunque recientemente se les ha exigido pagar impuestos atrasados por 13 mil millones de pesos bajo la administración de López Obrador.
El empresario conocido como “El Diablo”, dueño de FEMSA y OXXO, fue uno de los principales patrocinadores de Xóchitl Gálvez, buscando proteger sus intereses financieros ante la 4T.
A pesar de que la violencia en Tamaulipas y los acuerdos oscuros son inaceptables, surgen las preguntas:
¿Qué hay detrás de las afectaciones directas a las tiendas de conveniencia propiedad de José Antonio Fernández Carvajal?
¿Será el punto de inflexión para poder desmonopolizar la venta de abarrotes?
¿Es momento de revitalizar a las familias mexicanas, dándoles la oportunidad de tener negocios en casa, como en los días de antaño?
La respuesta podría definir el futuro económico y social de nuestro país.
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