El acompañante que iba en el asiento del copiloto ya rindió su declaración. El médico Pérez Alva no se encontró en el lugar cuando las autoridades y cuerpos de emergencia llegaron para auxiliar a los heridos. ¿Huyó o nunca estuvo ahí? Hay quién sugiere la segunda versión.
Ayer, el comunicador Juan Carlos Valerio publicó en X: “El cardiólogo Juan Carlos Pérez Alva emitió un comunicado en relación al accidente en el que se vio involucrado el sábado en la Vía Atlixcáyotl, donde chocó con una motocicleta”.
Sin embargo, documentos que llegaron a este tecleador indican que aún se adeudan $169,616.46 al Christus Muguerza Hospital Betania por los servicios de hospitalización de José Luis Hernández Reyes. La familia, indignada, ha pedido que el responsable pague los costos de hospitalización.
El doctor no ha emitido declaraciones públicas y, según informaciones no confirmadas, sus abogados le habrían recomendado guardar silencio. A cambio, ha enviado a Ernesto N. a firmar un pagaré en blanco al Christus Muguerza Sistemas Hospitalarios S.A. de C.V. Esto plantea la pregunta: ¿es legal esa práctica, y qué consecuencias podría tener para el firmante?
Las investigaciones de la Fiscalía están en curso, y pronto se darán a conocer las pruebas disponibles, incluyendo videos, llamadas, mensajes, registros de GPS y declaraciones de testigos, que podrían tanto inculpar al cardiólogo como liberarlo de responsabilidad.
¿Y qué hay de las fotomultas? Pérez Alva acumuló un total de 290 fotomultas en un Porsche 911, placas TTL467A, de abril de 2021 a la fecha. De esas, solo pagó 97 y actualmente adeuda poco más de 200 mil pesos en infracciones. Si no hay autoridad que logre cobrar ese adeudo, ¿qué garantía hay de que se haga responsable de los gastos por los daños a los atropellados?
Urge que los diputados legislen a partir de este caso:
Revocar las licencias de conducir a personas involucradas en hechos viales que cobren la vida de una persona.
Retirar las licencias a conductores que acumulen numerosas fotomultas, ya que representan un peligro latente para la sociedad.
Establecer como prueba plena los videos de cámaras de seguridad, vigilancia y los grabados por particulares, siempre que se usen para testificar un hecho delictivo.
Fijar topes a los precios de procedimientos médicos y quirúrgicos en hospitales, tanto públicos como privados.
Sancionar severamente a las empresas que requieran la firma de pagarés en blanco para garantizar servicios médicos u otros.
Sancionar severamente, incluso con pena corporal, a quienes coaccionen para grabar testimonios falsos en defensa o descargo de responsabilidad ante un presunto delito.
Sí, ya lo sé. En cierta medida, todo esto ya está legislado. Pero debemos acabar con la creencia de que con dinero se compra la impunidad. ¡Ya basta!
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