En rueda de prensa virtual, el funcionario fue cuestionado sobre si el censo de ambulantes que estaba proyectado para marzo de 2018 fracasó, toda vez que hasta el momento no hay un documento con cifras sobre el número de informales del primer cuadro de la ciudad.

Sánchez Galindo respondió que el gobierno nunca ha proyectado retirar al comercio de calles como la 8 y 10 Oriente-Poniente.

Dijo que sólo tienen la obligación de regular y ordenar al comercio informal, así como presentar denuncias contra los comerciantes informales que formen asociaciones delictuosas.

“Nunca hemos planteado terminar con el ambulantaje, es una idea represiva, ajena a la realidad social, ni siquiera el comercio establecido nos ha solicitado tal cosa, de ninguna manera tenemos eso como objetivo. Lo que sí es nuestra obligación es regular y ordenar, además de denunciar cuando se cometen delitos”,aseveró.