La medida fue ordenada por la jueza Regina Santa Cruz, en una audiencia cautelar que se prolongó por varias horas y se realizó mediante una plataforma tecnológica.

La jueza escuchó en la audiencia a ambas partes, tanto a la Fiscalía de Bolivia como a los abogados defensores de Áñez y de sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, quienes fueron detenidos junto con la ex mandataria la madrugada del sábado.

La Fiscalía había pedido inicialmente para los tres políticos un periodo de seis meses de prisión preventiva.

La exmandataria, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni, en una operación en la que también se detuvo a Coímbra y Guzmán, los tres denunciados por delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

Organismos internacionales piden respetar derechos de Áñez
Tras su detención, Jeanine Áñez envío cartas a la representación de la Unión Europea en Bolivia y a la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitando la presencia de una misión de observación que “evalúe de manera objetiva” su detención.

En respuesta, a través de su cuenta de Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la OEA pidió al Estado de Bolivia respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial.

?? La @CIDH toma nota de aprehensiones de personas funcionarias del anterior gobierno interino, como parte del desarrollo del proceso penal denominado “Golpe de Estado”, iniciado por su posible responsabilidad penal por delitos de sedición, conspiración y terrorismo. 1

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a través de un comunicado pidió respetar las garantías al debido proceso y que haya una transparencia total en todos los procedimientos.

En tanto que la Unión Europea calificó de “preocupantes” los acontecimientos en Bolivia y dijo que los sigue de cerca.

En una nota, la oficina del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, sostuvo que las denuncias vinculadas a los hechos de 2019 deben ser atendidas en el marco de un proceso judicial transparente y sin presiones políticas, con pleno respeto a la independencia de los poderes.