Conocido como el canciller de las FARC en la época del conflicto, Granda llegó al aeropuerto internacional de Bogotá y agradeció a México y a la comunidad internacional por “brindarle toda la posibilidad” de volver a su país, según dijo a los medios.

“Estamos dando la cara, aquí estoy”, añadió el exguerrillero de 72 años. En sus primeras declaraciones, no especificó si fue deportado, pero negó que hubiera estado detenido, pese a que el martes así lo denunciaron Comunes, el partido surgido del pacto de paz de 2016, y el gobierno colombiano.

Fuentes del gobierno federal de México confirmaron el martes a la AFP la detención de Granda, sin ofrecer más detalles.

Rodrigo Londoño, presidente de Comunes que viajó con el exguerrillero, aseguró este miércoles desde México que su compañero estuvo “aislado” e incomunicado durante “unas siete u ocho horas” antes de que decidiera su “regreso voluntario” a Colombia.

“Vimos que era mucho mejor regresarse a Colombia, pues (…) estaba activada esa circular roja”.

Rodrigo Londoño.

En 2008, un juez paraguayo había pedido su captura por su presunta relación con el secuestro y posterior asesinato de la hija del expresidente Raúl Cubas, ocurrido en 2005.

Según la investigación, el grupo armado paraguayo que la tenía en su poder recibió instrucciones de los entonces rebeldes colombianos a través de Granda.

Los líderes de la desmovilizada guerrilla colombiana están respondiendo en libertad ante la Justicia Especial de Paz (JEP) por delitos como secuestro y reclutamiento de menores, sin que todavía hayan sido condenados.

Los exguerrilleros podrán eludir la cárcel si confiesan sus crímenes y reparan a las víctimas, de lo contrario se exponen a penas de hasta 20 años de prisión

“Regreso voluntario”

Granda insistió este miércoles en que salió de Colombia con autorización de la JEP, para participar en México en un evento organizado por un partido de izquierda.

Pero al llegar al aeropuerto de ese país le notificaron que se había activado una “orden de captura dormida de Interpol”, lo que le impidió seguir con sus planes, añadió.

Granda dijo que se trató de una maniobra de “altísimos funcionarios del gobierno colombiano” que no están de acuerdo con el proceso de paz.

El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, en un tuit difundido la noche del martes, dijo que la “detención” del exnegociador del acuerdo fue por pedido de Paraguay a la Interpol.

Granda, que en 2005 fue detenido en Venezuela en una operación encubierta y trasladado luego a Colombia cuando ejercía como enlace internacional de las FARC, fue uno de los negociadores de paz en La Habana.

Entonces fue liberado por pedido del gobierno francés para facilitar la liberación de la colombo-francesa Ingrid Betancourt, quien estuvo en poder de las FARC durante seis años antes de ser rescatada por militares colombianos en 2008.

El episodio generó tensiones entre Venezuela, gobernada entonces por el izquierdista Hugo Chávez, y Colombia, cuyo presidente era el derechista Álvaro Uribe

Recuerdo de Santrich

Granda es el segundo líder de la desmovilizada guerrilla que es capturado tras firmar la paz.

Seuxis Hernández Solarte, conocido como “Jesús Santrich”, fue detenido en 2018 con fines de extradición hacia Estados Unidos por cargos de narcotráfico que siempre negó.

En 2019 fue dejado en libertad por orden de la Corte Suprema y luego se rearmó junto al exnúmero dos de las FARC, Iván Márquez, alegando incumplimientos del presidente Iván Duque a lo acordado.

Según versiones que no fueron confirmadas por el gobierno colombiano, Santrich murió en mayo último en un enfrentamiento armado en Venezuela.

La detención de Rodrigo Granda se produce a poco más de un mes del quinto aniversario del histórico acuerdo que firmaron entonces los guerrilleros con el presidente Juan Manuel Santos, quien recibió el Nobel de Paz en 2016.

Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las FARC recurrieron al secuestro de personas con fines económicos y políticos.

Los altos mandos de las antiguas FARC fueron imputados en enero por crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1990 y 2016, cuando secuestraron a 21 mil 396 personas.