El 10 de enero, la primera ministra Élisabeth Borne confirmó la noticia: el gobierno quiere que la edad de jubilación pase de 62 a 64 años para 2030 y el período de cotización para una pensión completa de 42 a 43 años para 2027.
Desde entonces, la tensión es creciente. El 31 de enero, más de 1.27 millones de personas, el doble según los sindicatos, participaron en las protestas más numerosas contra una reforma social en tres décadas.
Y, cuando el proyecto enfrenta a partir del lunes la primera prueba de fuego en el Parlamento, el frente sindical recrudece la presión con dos nuevas protestas los días martes y sábado.
El líder del sindicato CFDT, Laurent Berger, llamó este domingo a participar en ambas, aunque reconoció la dificultad a hacer de nuevo huelga el martes, ya que los trabajadores pierden el sueldo correspondiente.
Pero “el sábado 11, el desafío es que la gente salga a la calle, que haya un movimiento popular, masivo”, agregó Berger en declaraciones a la radio France Inter acerca de las manifestaciones sobre la reforma de pensiones en Francia.
Berger señaló que sería un “error democrático” no escuchar el rechazo mayoritario de los franceses.
Con la reforma de las pensiones, la edad de jubilación sería a los 63 años
La Asamblea (cámara baja) inicia el lunes el debate en pleno de la reforma que busca paliar un déficit en la caja de las pensiones de 13 mil 500 millones de euros (14 mil 600 millones de dólares) en 2030, según el gobierno.
“Nuestro sistema (de reparto) está amenazado”, reiteró Borne en el diario Le Journal du Dimanche, esperando lograr una mayoría parlamentaria gracias a Los Republicanos (LR, derecha), ante el rechazo de la ultraderecha y la izquierda.
El gobierno no descarta fijar ahora en 63 años la edad de jubilación para quienes empezaron a trabajar a los 20-21 años, una concesión a ese partido opositor que aumenta sus exigencias a medida que se recrudece la presión popular.
Pero los votos de LR podrían no ser necesarios. El gobierno escogió un procedimiento que limita los días de debate y que junto a las enmiendas presentadas sobre todo por la izquierda vuelven casi imposible que se llegue a votar.
Los diputados deben pronunciarse antes del 17 de febrero en cuanto a la reforma de pensiones, cuando pasa al Senado. Si para el 26 de marzo, las dos cámaras del Parlamento no han votado, el gobierno puede adoptarla por ordenanza.
Esta decisión podría aumentar la imagen de autoritario de Macron, de 45 años, que permanece en un segundo plano y dejó a Borne y a su ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, al frente.
Un conflicto laboral pospandémico
Encargado de defender la reforma en el Parlamento, Dussopt se encuentra debilitado en un momento clave, ya que la justicia confirmó esta semana su imputación por “favoritismo” cuando era alcalde de Annonay (sureste).
En privado, los aliados de Macron esperan una adopción rápida de un proyecto impopular que acaba con una de las edades de jubilación más bajas de Europa, y una aceptación a regañadientes, a expensas de la duración de la movilización.
Desde su llegada al poder en 2017, el presidente ha afrontado una importante protesta social con los “chalecos amarillos” y una fuerte oposición a su primer intento de reformar las pensiones, que la pandemia le obligó a aparcar.
Y ahora, “no sólo la oposición a la reforma es muy mayoritaria (dos de cada tres franceses, según los sondeos NDLR), sino que aumenta”, dijo en France 5 el politólogo Bruno Cautrès.
Para el experto, Macron busca proyectarse en el período posreforma con medidas “sociales” centradas en la formación profesional, la remuneración de los funcionarios y la “nueva relación con el trabajo” para calmar los ánimos.
Pero, para el líder de la CDFT, la visión del gobierno “no cambió” pese a que la población cuestiona cada vez más la relación vida-trabajo desde el COVID-19. El rechazo a la actual reforma es “un conflicto laboral pospandémico”, advirtió.
