Asimismo, el Gobierno de la Ciudad solicitó la suspensión de todos los actos con intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la Policía Municipal; con esto, el Gobierno Municipal y el Gobierno del estado deben dejar a las corporaciones policiales en el estado que se encuentran, es decir, a la baja de la incidencia delictiva.

Hacer lo contrario significaría violar la Constitución federal en su artículo 115 e imponer por la fuerza la decisión de alguno de los 2 órdenes de gobierno.

De acuerdo con ese mismo artículo, se solicitó también que este órgano judicial declare inconstitucional el nombramiento de delegados por tratarse de una autoridad intermedia, también prohibida en la Constitución mexicana.

El Gobierno de la Ciudad se mantiene abierto en todo momento a la investigación objetiva y sin fabricación de pruebas de la corporación policial municipal, bajo el principio del combate a la corrupción y la dignificación de los cuerpos policíacos.