La reciente campaña electoral en México puso en evidencia una problemática alarmante: la intromisión descarada del clero en el ámbito político. Discursos plagados de odio y descalificaciones, como los de la panista Xóchitl y sus comentarios sobre una "narcocandidata", o los ataques de Lalo Rivera que se refirió despectivamente a sus oponentes como "morenacos", solo fueron la punta del iceberg.
El verdadero escándalo radica en la intervención directa de la Iglesia, particularmente en apoyo a candidatos del PAN.
El Padre Miguel Ángel de los Monteros, en un acto de clara transgresión, oró públicamente contra lo que denominó "irresponsables" y defensores de una "cultura de la muerte y de la división". Más preocupante aún fue el Padre Felipe de Jesús de la Diócesis de Azcapotzalco, quien amenazó con la excomunión a los católicos que consideraran votar por candidatas progresistas como Sheinbaum o Xóchitl, etiquetándolas de "abortistas" y pecadoras.
Estas acciones no solo ignoran la separación entre Iglesia y Estado consagrada en la Constitución mexicana, sino que violan flagrantemente el artículo 130 constitucional y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que prohíben a los ministros de culto participar en actividades proselitistas o influir en el voto ciudadano. A pesar de estas claras infracciones, los líderes religiosos implicados no han enfrentado repercusiones legales, lo que refleja una preocupante impunidad y falta de acción por parte de las autoridades.
Más allá de lo legal, estas intervenciones erosionan la credibilidad y el respeto históricamente otorgado a las figuras religiosas en México. Al no adaptarse a los tiempos modernos y continuar con discursos anacrónicos, la Iglesia se enfrenta a serios cuestionamientos éticos y morales. Los escándalos de abuso sexual y enriquecimiento ilícito, como los protagonizados por Norberto Rivera Carrera, solo agravan la pérdida de confianza en la institución eclesiástica.
Es crucial que la sociedad mexicana y las autoridades electorales tomen medidas firmes para proteger la democracia y el estado laico. La intromisión del clero en asuntos políticos socava los principios democráticos al manipular la opinión pública y polarizar a la sociedad. La reciente aprobación de la despenalización del aborto en Puebla, a pesar de las presiones clericales, es un ejemplo de la necesidad de fortalecer la separación entre Iglesia y Estado.
Las revelaciones del periodista Fermín Alejandro García sobre la intervención del Arzobispo Víctor Sánchez Espinoza en negociaciones políticas con el gobernador Sergio Salomón y el gobernador electo Alejandro Armenta subrayan esta urgencia. La resistencia social, encabezada por grupos progresistas, muestra que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar manipulaciones desde el púlpito.
En conclusión, la lucha por un estado verdaderamente laico y democrático en México requiere de un compromiso firme para enfrentar y sancionar cualquier intento de intromisión clerical en la política. La sociedad ha despertado y no tolerará más engaños ni presiones desde las alturas eclesiásticas. Juárez debe estar satisfecho; el pueblo mexicano está listo para defender la laicidad y la democracia.
