El Presidente se refirió a aquellos que, según él, están alborotando a los ejidatarios de Tlahuapan, mismos que mantienen secuestrada por enésima vez la autopista México-Puebla desde el martes pasado. Sin embargo, los nombres son lo de menos, simplemente no corresponden siquiera a abogados con cédula profesional. Una consulta al Registro Nacional de Profesiones reveló que uno de ellos es una médica ginecobstetra y el otro ni siquiera está registrado.
El delito en cuestión es ataques a las vías generales de comunicación, penado en la legislación actual. Sin embargo, las autoridades han mostrado una benevolencia excesiva. El presidente ha declarado: “Pueden quedarse ahí hasta que quieran porque no vamos a acordar nada así, nadie nos puede chantajear”.
López Obrador conoce bien el tema. Él mismo encabezó bloqueos y cierres carreteros en el pasado. En 1996 bloqueó 51 pozos petroleros en Tabasco, acuñando la frase “la cárcel es un honor cuando se lucha por la justicia”. Hoy, se encuentra del otro lado de la mesa, en la posición de aquel con quien negociaba. Sin embargo, ahora cancela el diálogo y se muestra inflexible.
¿Qué ocurre con los pagos ya realizados?
Lo que no les dicen los abogados a los manifestantes es que por pago de terrenos no hay nada más que hacer. En 2018, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Centro Puebla, emitió un cheque por 176 millones de pesos a favor del Ejido de Santa Rita Tlahuapan, como pago total por 36 hectáreas de terrenos ejidales expropiados para la construcción de la Autopista México-Puebla. Este cheque fue entregado a Carlos Sánchez Alpízar, entonces Presidente del Comisariado Ejidal.
¿Qué sucedió con ese dinero? Se depositó en la cuenta del Ejido de Santa Rita Tlahuapan. ¿A quién o quiénes se les quedó? Información sugiere que personajes vinculados a los Comités, como Gregorio Melchor, Guadalupe Dosal Pérez, Carlos Sánchez Alpízar, Juan Velázquez Mauricio, Jorge Portilla Alba, el actual Comisariado y otros, estarían ocultando millones en cuentas bancarias propias. La Fiscalía General de Puebla debería estar investigando estos hechos.
¿Qué reclaman entonces los manifestantes?
El actual secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, mencionó en una entrevista que resolvió este tema en 2018, y que el problema actual es diferente, involucrando a los estados de Tlaxcala e Hidalgo que también mantienen bloqueado el Arco Norte, por reclamos de pago de afectación por derecho de vía desde el año 2005, un asunto que compete al ámbito federal.
¿Veremos un desalojo violento?
¿La Guardia Nacional o el Ejército intervendrán? Lo dudo. Iría en contra de la filosofía del presidente de “abrazos y no balazos”. “Lo que es justo se atiende de inmediato”, ha dicho, aunque ahora sostiene que “se pueden quedar ahí todo el tiempo”.
¿Es una provocación? ¿De quién?
¿Cuáles son los intereses particulares involucrados que refirió el gobernador Sergio Salomón en su cuenta de X?
AMLO está a punto de dejar el Palacio Nacional. ¿Le están poniendo una trampa a Claudia Sheinbaum para que inaugure su presidencia con un desalojo violento?
La Concamin, la Canacar, la Anpact, la Canapat, entre otras asociaciones se han pronunciado por una urgente solución. La sociedad está harta. En las calles, el sentimiento es claro: el costo político de un “Chalchihuapanazo” en Santa Rita podría resultar en un saldo positivo, no negativo, porque la gente ya está hasta el tope de pagar los platos rotos de estos conflictos.
La situación exige una respuesta contundente y justa, que respete los derechos de todos y restablezca la normalidad en las carreteras, vitales para la economía y el día a día de miles de ciudadanos. Es momento de que las autoridades actúen con la firmeza necesaria para resolver este conflicto de manera definitiva.
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Gerardo Herrera | Es Comunicador y Crítico Político desde 2005, Laboró en Radio desde 1994, Autor de la Columna #DirectoySinEscalas, Director de AG Medios Noticias, Fundador de la mesa de análisis Zona de Fuego, y Colaborador en NTR Puebla en W Radio.
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