Este fue el inicio de una serie de abusos de las autoridades y de particulares hasta llegar a los problemas que hoy se enfrentan, porque desde ese 1987 y hasta el 26 de junio de 1991, cuando finalmente se hizo la expropiación de las 1081 hectáreas de San Andrés Cholula, los gobernadores Manuel Bartlett Díaz, Melquiades Morales Flores, Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle Rosas, hicieron negocios al realizar los cambios de uso de suelo de la zona a su libre albedrio y donaron terrenos y enajenaron (vendieron) muchos más.

El pretexto de la expropiación “por Causa de Utilidad Pública”, en su momento fue la construcción de la Autopista Puebla-Atlixco, que Piña Olaya “concesionó” para su ejecución en forma directa a la empresa Corporación Internacional Técnica S. A. de C. V. de sus amigos de la familia Larrea, quienes supuestamente financiarían la obra de 30 kilómetros hacia Atlixco y que finalmente la Secretaría de Finanzas pago con 70 mil millones de pesos (viejos pesos), entre 1987-1990.

Después del decreto de 1987, se promueve otro decreto expropiatorio del 21 de diciembre de 1990 que incrementaría de 1081 a 2 mil 900 hectáreas, involucradas  por “Utilidad Pública” en los ejidos de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Cuautlancingo.

Esas expropiaciones fueron 140.8 has. del ejido de San Bernardino Tlaxcalancingo, municipio de San Andrés Cholula, otras 673 hectáreas del ejido de San Andrés Cholula, también incluyeron a los ejidos de La Trinidad Chiautengo, en el municipio de Cuautlancingo, y Momoxpan, en San Pedro Cholula.

Pero volviendo a la primera expropiación que realizó Mariano Piña Olaya en 1987 hubo pagos de 2.50 pesos a los campesinos que resultaron afectados, como lo narra el compañero Periodista Iván Tirzo en una publicación del 21 de julio de 2021 (a 20 años de la primera expropiación).

Iván cuenta que su abuelo (Jacobo Tirzo) fue uno de los afectados y le quitaron 4 hectáreas por las cuales le pagaron 100 mil pesos (25 mil pesos por cada 10 mil metros de terrenos), es decir: 2 pesos 50 centavos el metro cuadrado. Y en su nota dice que el abogado que lo asesoró le cobró 50 mil pesos por llevar el caso. Y con la devaluación de enero de 1993 donde se le quitaron 3 ceros al peso, así se puede decir que le quedaron 50 pesos. https://mtpnoticias.com/columnistas/golpe-bajo/pina-olaya-y-bartlett-a-20-anos-del-mayor-robo-a-ejidatarios-de-san-andres-cholula/

Esa fue la clase de acción contra los campesinos despojados por el gobierno, que ya vislumbraban enormes negocios a costa de los agricultores y ejidatarios.

Una vez que llega Manuel Bartlett Díaz al gobierno el 1 de febrero de 1994 hace modificaciones al Plan de Desarrollo Regional Angelópolis firmándose el convenio con la federación y los municipios el 12 de abril de 1994 y queda inscrito en el Registro Público de la propiedad el 9 de agosto del mismo 1994.

Manuel Bartlett creó entonces el Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl cuya función principal se cumple el 19 de diciembre de 1997, cuando el Programa Subregional de Desarrollo Urbano sufre su primera gran adecuación, con el cambio de uso de suelo a la mayor parte del área destinada originalmente como de preservación ecológica.

Ya casi de salida, Bartlett logra una segunda modificación, que se publica el 18 de diciembre de 1998, para agregar nuevas hectáreas a la reserva, elevando la superficie sujeta al programa a 3083 hectáreas. (Consta en el reportaje de Sergio Masttreta Guzmán). https://mundonuestro.mx/content/2024-02-01/milagro-en-puebla-3-utilidad-publica-especulacion-inmobiliaria-sergio-mastretta

Manuel Bartlett entregó terrenos para sus amigos los Posada Cueto, así como a Pedro Aspe Armella, Secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari y hoy está su hijo Pedro Aspe Bernal, antes de dejar el gobierno el 31 de enero de 1999. Por cierto, fue Bartlett quien donó el terreno para el Complejo Cultural Universitario de la BUAP con un extensión de 209 mil 706 metros cuadrados, en el año 2001.

Y siguen los cambios al Programa de Desarrollo Atixcayotl-Quetzalcoatl, con la llegada de Melquiades Morales Flores y el 14 de junio del 2000, para equipamiento comercial, vialidades y otros usos. Para 2002 cambia el uso del suelo de varias áreas verdes para hacerlas de uso educativo y dona terreno para el Tecnológico de Monterrey, y por ahí cuela la existencia del parque de diversiones Valle Fantástico, con sus 25 hectáreas, que esto último nunca sucedió.

Por su parte y durante su sexenio Mario Marín Torres, hizo el cambio del uso de suelo en la zona de 58.18 hectáreas, muchas ellas consideradas como áreas verdes y de preservación ecológica para cambiar a uso comercial, de equipamiento o mixto, incluso 6.2 hectáreas cambiaron de preservación ecológica a uso para vivienda residencial media.

Si bien es cierto que Rafael Moreno Valle Rosas al llegar al gobierno el 1 de febrero de 2011 y revierte la donación del predio que habían entregado a Ricardo Henaine Mezher, para la construcción del Parque Recreativo Valle Fantástico, obra que no se realizo durante 10 años que le otorgó el terreno Melquiades Morales Flores.

Moreno Valle, donó un terreno en la zona a Televisa para construir el Teletón y realizó muchos negocios entre ellos la construcción del Museo Internacional del Barroco, así como obras que realizó con PPS (Proyectos de Prestación de Servicios) y PI (Proyectos de Inversión) con la complicidad y con la empresa de Pedro Aspe Armella “Evercorp”, al igual de proteger a su hijo pedro Aspe Beltrán y sus socios los Posada.

Lo que si es importante señalar es que este despojo de tierras mediante expropiaciones no abarcaron las hectáreas donde hoy se han edificado decenas de clusters habitacionales de Lomas de Angelópolis, ya que en 2016, de acuerdo a un reportaje de Proceso se señala que el Grupo Proyecta compró 245 hectáreas de uso común en Santa María Malacatepec del municipio de Santa Clara Ocoyucan a un precio de 4 pesos el metro cuadrado cuando pagaron 10 millones de pesos por esa extensión de tierras, mediante engaños a los campesinos y contubernio con las autoridades municipales.

El contrato de compra-venta se firmó el 18 de febrero de 2016 entre los integrantes del Comisariado Ejidal en donde están incluidos como ejidatarios los empresarios Alejandro Rafael Ventosa Posada y Rafael Posada Alonso

El despojo a muchos de los campesinos fue incluso con amenazas y con grupos armados, denunciaron los campesinos afectados en 2021 y dijeron que fueron obligados a entregar sus tierras.

La lucha entre los adinerados, los poderosos y protegidos por político seguirá por el enriquecimiento de millonarios y gobernantes, sin embargo, los campesinos seguirán desprotegidos y siendo pisoteados por el poder político y el poder económico.

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