De acuerdo al presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, la nueva Ley General de Comunicación, va en contra de las decisiones y facultades que puede tener el municipio para la repartición de recursos, por lo que se vuelve inconstitucional este tipo de reformas.
“Se hizo una reforma a la Ley General de Comunicación por el Congreso de la Unión, en donde nos imponen un porcentaje del gasto para temas de comunicación social y lo que nosotros decimos, independientemente del porcentaje, es espérate tantito Congreso de la Unión, hay órdenes de gobierno que también tienen que respetarse, porque en este país hay tres órdenes de gobierno´”.
Dijo que de acuerdo al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social aprobada a finales del 2022, establece que el “límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondientes, por lo que se hace incongruente con la autonomía que debe tener un municipio en el gasto de sus recursos.
Por ello; espera que la SCJN ponga a consideración cada argumento que presidentes municipales dieron a conocer y se cancele dicha reforma que va en contra de los derechos constitucionales del municipio.
