Desde la llegada del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se inició el combate al robo del combustible, en donde poco tiempo después resultaron involucrados los mismos funcionarios federales, quienes trabajan en complicidad con los famosos "huachicoleros", pero más allá de complicidades su modus operandi era el siguiente:
Miguel Ángel Lozada Aguilar, actual director de Pemex Exploración y Producción; Luis Galván Arcos, actual gerente de control financiero y Héctor Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex, son actualmente acusados de dispersar los recursos recibidos a través de subcontratar a instituciones públicas de educación superior que a su vez subcontrataban a otras empresas.
A decir de lo anterior, participaron como firmantes de 25 contratos desde los cargos que ocupaban entre 2012 y 2018.
Las empresas beneficiadas con estos recursos, están ligadas a los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos que eran vistos como socios directos. Además, se localizaron empresas fantasma o que simularon la realización de trabajos.
Dichos datos, fueron publicados y ofrecidos por la misma secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, quien argumentó que dichos funcionarios violaron el artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos y el 134 Constitucional, ya que permitieron la elevación de precios y no aseguraron las mejores condiciones para el Estado mexicano.
Considerado como la Gran Estafa por haber sido una operación legal aunque con deficiente moralidad.
Ejemplos de contratos
* Uno de los contratos que celebró Pemex Exploración y Producción por medio de Loza Aguilar con la Universidad Popular de la Chontalpa tuvo por objeto realizar servicios de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos. El monto máximo que Pemex estaba autorizado a ejercer era de 140 millones de pesos y el mínimo de 91 millones, sin embargo, el costo real de este contrato rebasó el límite permitido y equivalió a 145 millones 841 mil 041 pesos.
* En el caso de uno de los convenios firmados por Héctor Salgado Castro, se detectó que el monto máximo autorizado era de 80 millones de pesos, pero el costo real fue de 99 millones 935 mil 551 pesos pagados en 20 órdenes de servicios al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, el cual se comprometió a no subcontratar. La institución faltó al compromiso firmado, al subcontratar el 93% de los servicios.
Por otro lado los cheques emitidos por 4 empresas subcontratadas fueron cobrados por una misma persona física sin que se acreditara cuál era su participación dentro de las empresas.
