Lo que en un inicio se presenta como una defensa de los recursos hídricos, ha revelado ser la fachada de un negocio personal y una estrategia de confrontación liderada por Renato Romero y Pascual Bermúdez. No son defensores del pueblo, son agitadores con un claro historial delictivo que hoy vuelven a estar en la mira de la justicia.

​La supuesta representación de la comunidad de Xoxtla ha quedado en evidencia. Ante la falta de apoyo local, Romero y Bermúdez han tenido que recurrir a grupos de choque importados de otros estados como Morelos, Veracruz y el Estado de México.

Esta táctica no solo demuestra su pérdida de credibilidad, sino que también subraya la naturaleza orquestada de sus protestas. Los propios habitantes de Xoxtla saben que el llamado "comité del agua" que encabezan es una simulación: un ente que cobra cuotas, no invierte en infraestructura y nunca rinde cuentas a la gente.

​El historial de Renato Romero no es nuevo. Su participación en las protestas contra Granjas Carroll ya mostraba el patrón de manipulación, bloqueos y confrontación. Su paso por prisión y su actual vinculación a proceso confirman un patrón reincidente de ilegalidad. Pascual Bermúdez sigue la misma línea: utiliza la causa del agua como una simple coartada para acciones vandálicas y de presión política.

​Mientras el gobierno federal, estatal y municipal impulsan proyectos estratégicos para asegurar el suministro de agua potable, estos falsos líderes buscan sabotearlos.

La inversión en Xoxtla está respaldada por el SOAPAP y por el Plan Hídrico Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, garantizando un desarrollo transparente y legal. Mientras las autoridades trabajan unidas, Romero y Bermúdez quieren mantener un sistema paralelo, opaco y sin rendición de cuentas que condena a las familias a la escasez.

​Los disturbios del 28 de mayo dejaron cuantiosos daños. La empresa constructora VYCA y Caminos y Puentes Federales (Capufe) ya han presentado denuncias formales por vandalismo, daño en propiedad ajena y atentado contra las vías de comunicación.

La audiencia del 5 de noviembre será clave, y se espera que el juez avance con imputaciones firmes contra los responsables.

​La gravedad del asunto aumenta con la filtración de que la Fiscalía del Estado ya prepara operativos para dar con otros implicados. Se ha detectado la presencia de la organización 28 de Octubre, conocida por su historial de violencia y saqueos, lo que demuestra que los disturbios en Xoxtla no fueron un movimiento espontáneo, sino el resultado de la infiltración de grupos radicales con fines políticos y económicos.

​Cada bloqueo o acto de sabotaje no sólo retrasa obras, sino que condena a los poblanos a un futuro de desabasto.

Mientras las autoridades invierten en el bienestar de la gente, estos agitadores fomentan el deterioro y el caos. Si mañana los poblanos sufren por falta de agua, será en gran medida por la acción de estos individuos que, bajo un supuesto activismo, solo buscan su propio beneficio a costa del bienestar colectivo. Son agitadores, no activistas; aliados del caos, no del pueblo.