Hablar de 152 millones de pesos para un torneo deportivo, de los cuales 32 millones se habrían esfumado en Comunicación Social para supuesta difusión, no sólo es una cifra escandalosa, es una bofetada para los ciudadanos que se enfrentaron y dejó secuelas de calles sin mantenimiento, a la falta de servicios básicos y a la inseguridad.

​La administración de Eduardo Rivera, ahora se encuentra bajo un escrutinio que apunta a un presunto daño patrimonial grave. Estos "hoyos financieros" no son accidentales; son el resultado de un sistema político que prioriza el derroche y la opacidad sobre la responsabilidad y el bienestar de la gente. 

El dinero de los poblanos, que debería haber sido invertido en el desarrollo de la ciudad, se gastó en una difusión desproporcionada para un evento efímero.

Este delito debe llegar a manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y no debe ser un simple trámite burocrático. Debe ser el inicio de un proceso real para desmantelar la red de complicidad y corrupción que permite este tipo de abusos. Si el ex alcalde, y quienes le acompañaron en estas decisiones, no enfrentan las consecuencias penales de sus actos, se enviará un mensaje devastador a la sociedad: que la impunidad sigue siendo la regla para los poderosos.

​La cárcel, en este caso, no sería un acto de venganza, sino una medida de justicia y un recordatorio de que nadie está por encima de la ley. La ciudadanía merece recuperar la confianza en sus instituciones y en sus líderes, una confianza que se ha erosionado cada vez que un político utiliza su cargo para enriquecerse o malgastar los recursos públicos. 

La lucha por la transparencia y la rendición de cuentas es, en última instancia, una lucha por la dignidad de Puebla. Es tiempo de que la ley actúe y que se ponga fin a esta herencia de opacidad.