Puebla ha sido testigo de las prácticas autoritarias cometidas por los gobernadores a lo largo de largas décadas. Políticos que con el poder absoluto, sin contrapesos en los poderes legislativo y judicial, han hecho un uso faccioso de los instrumentos del Estado a cargo del ejecutivo; mandatarios intolerantes, acostumbrados a aplicar la mordaza y la persecución judicial como una forma de control del periodismo crítico independiente.
 
Tal ha sido la condición histórica de la prensa en Puebla.
 
Los hechos recientes de acoso judicial y administrativo contra los medios e-consulta, dirigido por Rodolfo Ruiz Rodríguez y El Popular, encabezado por Carolina Fernández, reconocidos por su línea editorial independiente y crítica, confirman que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta sigue los pasos lamentables de sus antecesores: una visible estrategia de ataques, hostigamiento y desgaste contra ambos medios informativos que, como lo ha confirmado la organización Artículo 19 en una investigación sobre los ataques a la libertad de expresión en Puebla, han sido objeto de descalificaciones y campañas de desprestigio, bloqueos informativos y publicitarios, embestidas digitales y persecuciones judiciales. Y ahora, por la vía de la auditoría fiscal, un intimidatorio hostigamiento administrativo.
 
Desde hace dos años, el medio digital e-consulta, dirigido por el periodista Rodolfo Ruíz Rodríguez, ha enfrentado una campaña de acoso, amenazas y procesos jurídicos en contra de su labor informativa. “En el caso de e-consulta –denuncia Artículo 19-- el acoso se reproduce por medio  de la vía civil pues se mantienen siete demandas por daño moral en contra del director del medio, las cuáles se encuentran en trámite y cuyas afectaciones alcanzarían un total de 37 millones de pesos en indemnizaciones que pretenden obtener del medio. Es importante señalar que dichas demandas han tenido en común una misma estructura de argumentación y un mismo cuerpo de abogados.”
 
A esta campaña de presión y censura contra e-consulta, el gobierno ha sumado al periódico El Popular, contra el que arremete por la vía de una campaña de desprestigio de su directora Carolina Fernández.
A través de un medio de comunicación se dijo que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del estado acudió ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciarla por lavado de dinero. No hay indicio alguno de que exista tal denuncia. Y es claro que se busca la intimidación y la censura.
 
El pasado 10 de noviembre el gobierno de Miguel Barbosa dio un paso más en sus acciones de hostigamiento contra estos periodistas: ambos medios de comunicación recibieron un citatorio para fines de ejecución de una auditoría por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Puebla, misma que les exigía más de 20 documentales desglosados en un plazo de quince días; a e-consulta de los años 2018 y 2019 y para El Popular de 2019 y 2020. A la medida fiscal le siguen las amenazas de sanciones económicas, embargos y uso de la fuerza pública para exigir el cumplimiento de las disposiciones fiscales.
 
A todas luces se trata de una campaña orquestada en contra de dos medios reconocidos por su postura crítica frente al gobierno de Miguel Barbosa.
 
Creemos que estas campañas de intimidación representan un riesgo para el ejercicio periodístico en Puebla, un estado donde hoy se viven tiempos de intolerancia y mordaza. Resulta incongruente que Miguel Barbosa replique las viejas prácticas que criticó en el pasado reciente.
 
El ejercicio de gobernar democráticamente demanda pluralidad, contrapesos y la apertura a una diversidad de opiniones.
 
Desde diferentes sectores de la sociedad poblana instamos al Gobierno Estatal a respetar la libertad de ejercer un periodismo libre, crítico, incluyente y plural que investigue y cuestione los excesos cometidos desde el poder.

Frente a los excesos del poder, no podemos permanecer en silencio